Ricardo Molina: El Fiscal de la República... un republicano
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- 24 de Abril de 2024
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El Fiscal de la Nación,
Ricardo Molinas deja en los estudios de Audiovisión, Cordoba, Argentina. Una lección
para la posteridad de los valores republicanos. Invitado por el productor Jorge
Zapata, el Fiscal Molinas es reporteado en el ciclo de Audiovisión CONTRA RELOJ
por los periodistas Ricardo Palladino y Miguel Clariía.
El fallecido fiscal
Ricardo Molinas, que durante la gestión de Raúl Alfonsín investigó la
transferencia del paquete accionario de la empresa Papel Prensa a sus actuales
socios privados, pidió formalmente la anulación de esa operación y realizó las
correspondientes denuncias penales, recordó hoy su hijo y entonces secretario,
Fernando Molinas.
Molinas hijo salió
así al cruce de un comunicado de Clarín y La Nación según el cual la venta de
acciones de la familia Graiver y testaferros a los nuevos socios "fue
investigada ya en democracia por el entonces fiscal nacional de Investigaciones
Administrativas, Ricardo Molinas, que no encontró irregularidades".
"Tal
afirmación no es cierta", dijo el hijo del entonces fiscal para recordar
que su padre "formuló diversas denuncias penales y solicitó la nulidad de
la adjudicación recaída en los diarios", y así se lo manifestó formalmente
al presidente Alfonsín, además de radicar una causa en el juzgado federal 3 de
la Capital Federal.
En un comunicado,
Molinas hijo transcribió textualmente las conclusiones del dictamen emitido por
la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en 1984 tras analizar
las denuncias de "presuntas irregularidades en la transferencia de las
acciones de Papel Prensa" hechas por el entonces diputado Norberto
Imbelloni.
En el cuarto punto
de aquel dictamen, el fiscal Molinas consideró que los miembros de la Junta
Militar habían cometido el "delito de encubrimiento" al autorizar la
venta de Graiver a Clarín, La Nación y La Razón a fines de 1976 "a pesar
de conocer y estar investigando, según sus propios dichos, aquella vinculación
entre Graiver y Montoneros", que le habían aportado 10 millones de dólares
producto del secuestro de los Born.
Esa autorización,
resaltó Ricardo Molinas, se consumó "apenas un mes antes de la detención,
desaparición e interdicción de aquellos (los Graiver).., ocultando todo lo
referente a dicha vinculación hasta que la transacción quedó concretada".
Otras
irregularidades detectadas por Molinas refieren a la actitud de "los
representantes estatales en la empresa, el Directorio del BANADE, el Secretario
de Estado de Desarrollo Industrial, Raymundo Juan Pío Podestá, y del Ministro
de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz".
Molinas hijo
también contrastó la actitud de su padre luego de que la Cámara Nacional de
Apelaciones en los Contencioso Administrativo decretara en agosto de 1984 el
cese de la interdicción de bienes de los Graiver y su libre disposición
"retrotrayendo las cosas al estado que se encontraban con anterioridad al
desapoderamiento consumado mediante la aplicación de las llamadas Actas
Institucionales y Ley 21.670, ordenando establecer de común acuerdo el valor de
los bienes".
Invocando dar
cumplimiento a esta sentencia judicial, se suscribieron, entre el Estado
Nacional representado por el Procurador General del Tesoro, Héctor Fassi, y
Juan Gravier, Eva G. de Graiver y Lidia Papaleo, esposa de David Graiver, por
si y por su hija menor María Sol Graiver, cuatro convenios relativos a las
distintas empresas del grupo, entre ellas la editorial Olta, editora de La
Opinión.
En este grupo se
incluyeron, en forma expresa, las acciones de Papel Prensa S.A. que habían sido
vendidas a los diarios y que estaban en esa época a nombre de Rafael Ianover,
testaferro de Graiver y a nombre de la sucesión.
Dichas acciones
fueron tasadas de común acuerdo y pagadas por el Estado Nacional que aprobó los
convenios por Decreto Nº 2530 de fecha 30 de diciembre de 1985, firmado por el
presidente Alfonsín.
"Como
consecuencia de ello, en el mismo expediente se ordenó un sumario
administrativo para que se deslindaran las responsabilidades de los
funcionarios actuantes y se remitió copia del dictamen al Presidente de la
República a fin de que se adoptasen los recaudos pertinentes para lograr la
nulidad de los convenios, en lo relativo a Papel Prensa S.A.", puntualizó
Molinas hijo.
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